El empresario de Santiago investigado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por un presunto delito de fraude fiscal contra la Hacienda Pública, relacionado con el impago del IVA por la comercialización de bebidas alcohólicas, ha confiado su defensa a uno de los despachos de abogados más prestigiosos de España. Se trata de Molins Defensa Penal, el mismo bufete que en su día contrataron la infanta Cristina y la cantante Shakira cuando se vieron imputadas por delitos de índole fiscal.

José Enrique P.S., el empresario detenido en su casa de la rúa Algalia de Abaixo el 8 de julio al situarlo la UCO como uno de los tres presuntos cabecillas de una trama criminal que defraudó a la Hacienda Pública 69 millones de euros, ha puesto su defensa en manos del reconocido despacho con sede en Barcelona. De hecho, su procedimiento lo lleva directamente uno de los socios del bufete, Jorge Navarro, como adelantó EL CORREO.

En el caso de Shakira, Molins alcanzó un acuerdo con las acusaciones particulares en noviembre de 2023, poniendo punto y final al procedimiento penal seguido contra la artista por los ejercicios fiscales relativos al IRPF y al IP de los años 2012 a 2014. El acuerdo supuso la condena de la artista por la comisión de seis delitos fiscales, concurriendo la circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del daño, debido a que Shakira pagó el importe de las cuotas que se le reclamaban antes incluso de la interposición de la querella por Fiscalía, según explica el propio despacho en su web oficial. Las penas de prisión de seis meses por cada uno de los seis delitos a los que fue condenada la artista, añade, fueron sustituidas por el pago de una pena de multa, a razón de dos cuotas de multa por importe de 200 euros por cada día de prisión. La artista estuvo representada por Pau Molins, director del despacho que ahora ha asumido la defensa de José Enrique P.S.

Molins también alcanzó el éxito en el marco del polémico caso Nóos. El despacho catalán consiguió la absolución de la hermana de Felipe VI en el caso de corrupción que investigó el desvío de fondos públicos a través del Instituto Nóos, que dirigía el entonces esposo de la hija del rey Juan Carlos I de España; Iñaki Urdangarín, quien al contrario que su exmujer sí fue condenado a una pena de 5 años y 10 meses de prisión por los delitos de prevaricación continuada y malversación.

Defensa de la “inocencia”

José Enrique P.S. ha confiado su defensa al mismo despacho especializado en Derecho Penal. En declaraciones exclusivas a EL CORREO, el abogado que lleva su caso, Jorge Navarro, socio de Molins, sostuvo que «Enrique quedará fuera de la causa más pronto que tarde, simplemente porque es completamente ajeno a esta trama; confiamos en que se acuerde en breve». El letrado indicó que su cliente «explicó ante la Fiscalía Europea que es absolutamente ajeno a esa trama relativa al fraude de IVA. Creo que no hay ninguna duda y pienso que la propia Fiscalía Europea lo tiene muy claro».

Al respecto, apuntó también que uno de los ocho detenidos por la UCO en el marco de la operación Gallagher, como ha sido denominada por la Guardia Civil, «de alguna manera ha reconocido los hechos y ha asumido responsabilidades por los mismos», por lo cual el abogado considera que las responsabilidades han quedado «muy claras y muy delimitadas».

Prueba de la «inocencia» de su defendido, sostuvo, es que «ha quedado libre y además cualquier medida cautelar ha quedado sin efecto». Sobre el motivo por el que José Enrique P.S. se ha visto implicado en el caso, aclaró que es por la relación del investigado con un socio que, al parecer, sí tendría un papel relevante en el caso. «Hay una empresa (Versustal Drinks SL) que es absolutamente legal, que es completamente ajena a la trama, pero es cierto que al coincidir parcialmente las personas que estaban en la otra (la implicada en la trama), lógicamente ha sido investigada», señaló Jorge Navarro, que apuntó que en estos momentos «no hay ninguna medida cautelar adoptada contra esta sociedad, ni ningún tipo de restricción, por lo que permanece en el mercado con normalidad».

El letrado de la defensa también incidió en la «falta de pruebas» que incriminen mínimamente al empresario en la organización criminal, en la que la UCO lo ha situado como uno de los cabecillas.

Por otro lado, el penalista quiso incidir en que la Fiscalía Europea «no ha ordenado en ningún momento la detención» del empresario compostelano ni de ninguna de las otras personas apresadas. «Lo ha hecho la Guardia Civil por motu proprio, pero no había ninguna orden, lo cual no se explica; porque estoy completamente seguro de que si a estas personas se las hubiese citado se habrían personado en el momento».

Navarro remarcó que la Fiscalía Europea «tiene plenas competencias para acordar detenciones; pero no lo decidió así, sino que fue la UCO la que quiso montar todo este despliegue, reventando la puerta de un hogar cuando sabían que la familia estaba dentro y que podían abrirles sin problema ninguno».

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Enlace de origen : El empresario de Santiago investigado por la UCO por fraude fiscal ‘ficha’ a los abogados de la infanta Cristina y Shakira