José Enrique P.S., el empresario detenido en su casa de la Algalia de Abaixo (Santiago) el pasado martes por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, era uno de los cabecillas de la red criminal de ámbito internacional que defraudó a la Hacienda Pública casi 69 millones de euros en negocios relacionados con el comercio de bebidas alcohólicas. Así lo han confirmado en las últimas horas a El Correo Gallego, medio de Prensa Ibérica, fuentes cercanas a la investigación, que está capitaneada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea; y en la que han participado efectivos del Instituto Armado y la Agencia Tributaria.
La Guardia Civil atribuye a este vecino de Santiago, aunque natural de Boiro, el liderazgo de la organización criminal que operaba en varios países. Con él, están investigados como máximos responsables del entramado otros dos empresarios, residentes en Madrid y Jerez, respectivamente, donde también se practicaron registros. En total, hay ocho detenidos.
Tras un registro de más de siete horas en su casa del casco histórico de Santiago y su detención por parte de la UCO, José Enrique P.S., conocido en su entorno como Quique, fue trasladado inmediatamente a Madrid en un avión de la Benemérita, que partió del Aderódromo Militar de Lavacolla. Una vez en la capital, compareció ante la autoridad judicial. En todo caso, según ha podido saber este periódico, el empresario ya se encuentra en libertad, aunque deberá comparecer de manera inmediata ante la Audiencia Nacional o la Fiscalía Europea cuando se le requiera.
Al boirense afincado en Compostela se le acusa de «eludir el pago de IVA correspondiente a las transacciones comerciales realizadas». Según los investigadores, la red criminal que dirigía con sus otros dos socios estaba especializada desde hace años en el perfeccionamiento de delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea y contra la Hacienda Pública, operando en el mercado de las bebidas alcohólicas a través de una estructura empresarial conformada por 93 mercantiles españolas, portuguesas, alemanas, maltesas y de Islas Turcas y Caicos. Además, contaba con una estructura de empresas paralela, a través de la que se canalizaban los fondos de procedencia delictiva que sometían a procedimientos de blanqueo de capitales.
La investigación se centró en un posible fraude intracomunitario de IVA, aprovechando las normas de la UE en las transacciones transfronterizas entre Estado miembros, exentas de IVA, así como el posterior blanqueo de los beneficios obtenidos. Fue la Agencia Tributaria la que denunció en Valencia esta trama ante la Fiscalía Europea en el año 2023.
La operativa defraudatoria se realizaba con la participación de depósitos fiscales establecidos principalmente en Holanda, Portugal y España. Los investigadores han podido corroborar la importación de grandes cantidades de alcohol desde depósitos fiscales de varios Estados miembros hasta un depósito fiscal en España, donde el alcohol ingresaba con suspensión del pago de tributos, conforme a la legislación europea.
El impuesto se devengaría sólo cuando los productos salían del depósito fiscal hacia una distribución comercial o de consumo. Una vez allí, intermediarios ficticios, los llamados ‘missing traders’, radicados en España y controlados por la organización investigada, adquirían el alcohol, se hacían cargo del IVA, y luego desaparecían sin cumplir sus obligaciones fiscales. El alcohol se vendía después a través de una red de empresas ficticias.
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