El Gobierno financiará la investigación del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos para reforzar la investigación sobre crímenes de guerra en Gaza por parte de Israel. Lo hará con una contribución económica voluntaria de medio millón de euros, según ha avanzado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, durante su comparecencia esta mañana en la comisión del ramo del Congreso para dar cuenta de la estrategia de España en política exterior para 2025-2028.
Después de que el Ejecutivo haya cancelado de forma unilateral el polémico contrato de compra de balas a una empresa de defensa de Israel, Albares ha elevado el tono para acusar el ejército israelí de estar provocando una “hambruna” en Gaza por su bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria. En cuanto se levante este bloqueo, calificado de “inaceptable”, ha asegurado que el Ejecutivo está preparado para reiniciar el envío de ayuda. De ahí que se haya vuelto a exigir la entrada urgente de ayuda humanitaria en la Franja.
Israel lleva siete semanas bloqueando la entrada de ayuda humanitaria en la Franja. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ya anunció hace varios días que sus reservas en el enclave se han agotado y a principios de abril cerró todas sus panaderías por falta de harina y combustible. La UNRWA ha anunciado que la mayoría de las familias sobreviven con menos de una comida al día y recurren a comer “cualquier cosa que encuentren”, incluso si no es segura para el consumo. Mientras tanto, el Ejército israelí continúa sus incesantes bombardeos tras romper el alto el fuego.
Albares ha insistido en el apoyo de España a una solución del conflicto basada en la coexistencia de dos Estados, con la prioridad de la defensa del derecho internacional. Todo ello, desde el impulso del diálogo euro-árabe. Algunos de los socios del Ejecutivo, han reclamado ir más allá, al referirse a un “genocidio” y exigir sanciones económicas al Estado de Israel, como fue el caso del portavoz del BNG, Néstor Rego. El portavoz de Podemos en dicha comisión, Javier Sánchez Serna, ha exigido garantías por su parte de que se rompan todos los contratos de compra de armamento con empresas de defensa israelíes.
Presión en la Corte Internacional
La pasada semana, España intervino en la Corte Internacional de Justicia, durante la fase oral del procedimiento de opinión consultiva sobre las obligaciones de Israel como potencia ocupante y como miembro de las Naciones Unidas. La delegación española hizo un llamamiento a la obligación de Israel de cumplir con sus obligaciones de derecho internacional y derecho internacional humanitario, destacando también su obligación de garantizar las necesidades básicas de la población y de cooperar con la ONU, como recordó Albares.
La Asamblea General de la ONU adoptó el pasado 19 de diciembre una resolución en la que pedía al tribunal que se pronunciara sobre “cuáles son las obligaciones de Israel, como potencia ocupante y como miembro de Naciones Unidas, en lo que respecta a la presencia y las actividades” de la ONU y sus agencias “en el Territorio Palestino Ocupado y en relación con él, incluida la garantía y facilitación de la provisión sin trabas” de la ayuda necesaria para la “supervivencia de la población civil palestina” y “en apoyo del derecho del pueblo palestino a la libre determinación”.
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