El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, entregará a la Xunta de Galicia “en los próximos días” un archivo digital con un total de 14.960 pisos turísticos disponibles en plataformas. De este total, 9.125 “no reflejan en sus anuncios el número de registro, que según la administran autonómica es pertinente”, por lo que este 60% son “ilegales”.

Bustinduy ha trasladado este anuncio a los medios durante una visita a Santiago de Compostela para reunirse con su alcaldesa, Goretti Sanmartín. En este encuentro ha entregado un registro similar al que facilitarán al Gobierno gallego, recabado por la Unidad de Análisis del mismo departamento.

El archivo proporcionado a Compostela refleja que a día de hoy operan en la ciudad 406 viviendas turísticas, “cifra que contrasta con las 66 licencias municipales concedidas por el Ayuntamiento”, ha indicado el titular de la cartera de Consumo.

Como parte de la información trasladada al consistorio municipal, el Gobierno también aportará la dirección postal de hasta 221 de estas viviendas “para facilitar la labor de identificación, localización, inspección y, en el caso de que procediera, el cierre de estas instalaciones”.

Así, Consumo pondrá a disposición sus herramientas no solo para identificar los pisos turísticos que no cumplan la normativa, sino también para proporcionar la asistencia y el soporte jurídico y legal para “poder proceder a la exigencia de la retirada de la comercialización de los pisos turísticos en las grandes plataformas”.

Por otra parte, Bustinduy ha puesto esa colaboración a disposición de la Xunta de Galicia con el fin de “poner coto a esta situación descontrolada”, en referencia a la cuestión de la vivienda. “Con ese mismo ánimo constructivo y colaborativo, podremos encontrar la manera de que cada administración haga su parte y podamos solucionar esta situación”, se ha dirigido a la administración autonómica.

«Dificultades ni escollos»

Además, el titular de Consumo ha instado al Gobierno gallego a que “no ponga dificultades ni escollos” para que grandes ciudades –como A Coruña o Santiago, ha citado– puedan declarar zonas de mercado residencial tensionado “e introducir topes al alquiler”. Ambos municipios han manifestado su voluntad de querer conseguir esta designación, que debe aprobar la administración autonómica; en el caso de A Coruña, ya han tramitado la solicitud formal.

“No es comprensible que desde las administraciones públicas no se pongan en marcha las herrramientas de las que disponemos para poder limitar los precios de los alquileres en las grandes ciudades”, ha esgrimido el ministro, que ha puesto como ejemplo a Cataluña de la aplicación de este mecanismo.

Este llamamiento a la declaración de zonas tensionadas lo ha extendido al Partido Popular estatal, al que ha afeado la no aplicación de la Ley de vivienda en ninguna de las comunidades autónomas que gobierna.

“Quiero instar al señor Feijóo a que dejen de poner excusas y apliquen la Ley de vivienda para introducir topes a los alquileres porque el encarecimiento de la vivienda está actuando como una gran aspiradora de riqueza en nuestro país”, ha justificado Bustinduy.

Enlace de origen : El Gobierno detecta 9.000 pisos turísticos «ilegales» en Galicia que suponen un 60% del total