El Gobierno explora cómo cambiar la ley del sí es sí para que no haya más rebajas de penas

El Gobierno se ha hecho de rogar, pero después de aguantar el tipo con más de 200 rebajas de condena a violadores y el desgate que supone cada una nueva que se conoce, ha decidido explorar la vía que se le venía reclamando desde que entró en vigor la ley del ‘Sí es sí’: reformarla “para garantizar que no vuelva a suceder, resolviendo a futuro los problemas detectados”, señalaron este sábado fuentes del Ejecutivo.

Pero es necesario “abordar con responsabilidad esta situación”, lo que exige hacerlo con “detenimiento”, dada su complejidad desde el punto de vista técnico”. “Precisamente por eso se está haciendo un trabajo muy serio y riguroso, desde que se conocieron las primeras resoluciones judiciales, para garantizar que no vuelva a suceder, resolviendo a futuro los problemas detectados”, insisten desde el Gobierno.

El Ejecutivo no ha cambiado su discurso y mantiene que la ley del ‘Sí es sí’ es una buena ley, “una conquista del movimiento feminista, nacida para proteger más a las víctimas”, porque “tipifica como delito actitudes machistas que antes no eran consideradas” como tales y hace hincapié en el consentimiento en línea con el Convenio de Estambul. No obstante, es una obviedad que se han “constatado algunos efectos indeseados” que han producido una “preocupación social” que el Ejecutivo comparte, apuntan las mismas fuentes.

Como ha adelantado ‘La Vanguardia’, ello ha llevado al Gobierno a tratar de garantizar que no vuelva a suceder, para lo que será necesario modificar la norma para que, al menos, los delitos cometidos tras su entrada en vigor ya no se vean afectados.

El Ejecutivo se cura en salud señalando que en cualquier caso su aplicación dependerá de los jueces, que, pese a cualquier reforma, seguirán produciendo rebajas de condenas en los casos que crean que la nueva norma es más beneficiosa para el reo, porque es un principio fundamental del derecho aplicar la norma más beneficiosa para el reo con carácter retroactiva, lo que está vetado al revés.

Los dos partidos que forman el Gobierno de coalición han coincidido en la necesidad de poner fin a esta situación y han decidido trabajar juntos, “de la mano de la ministra de Igualdad en todo momento”.

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