El Gobierno se sacude las presiones y sigue adelante con el proceso para preparar el cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la activación del procedimiento para adjudicar el contrato millonario para diseñar los trabajos de desmontaje de la planta nuclear, cuyos dos reactores está previsto que echen el cierre en 2027 y 2028.
El Ejecutivo autorizará ya definitivamente a Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos radiactivos y del desmantelamiento de los reactores españoles, a descongelar la licitación y a poner en marcha el primer gran contrato de cara al cierre de la central nuclear, según confirman a EL PERIÓDICO fuentes gubernamentales.
Enresa anunció el pasado junio su intención de contratar los servicios de ingeniería para el desmontaje de Almaraz, pero ha mantenido el procedimiento en estado de latencia desde entonces a la espera del ‘ok’ del Consejo de Ministros. Durante este tiempo se han multiplicado las voces que reclaman reabrir el debate sobre la prolongación de la vida útil de Almaraz y del resto de centrales nucleares, desde el sector energético (con Iberdrola, Endesa y Naturgy pidiendo renegociar el calendario de cierres) y desde el ámbito político (con el Partido Popular a la cabeza).
Tras diez meses con la licitación administrativa congelada en una fase de ‘anuncio previo’ -la ley establece un plazo máximo de 12 meses para esta figura-, el Gobierno da ahora el permiso definitivo al grupo público para poner en marcha el contrato. El Consejo de Ministros debe autorizar los contratos públicos que superen un importe de 12 millones de euros, y la licitación de los trabajos de ingeniería para diseñar el desmantelamiento de Almaraz tiene un coste previsto de 23,37 millones de euros (por lo que superará los 28 millones con impuestos).
A pesar de las presiones, el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, da así un gran paso para encarar la clausura de Almaraz, mientras mantiene vías de comunicación con las grandes eléctricas para abordar un eventual replanteamiento del calendario de cierres de todas las centrales nucleares españolas, que contempla ir desenchufando los reactores de manera escalonada entre 2027 y 2035.
Enresa buscará formalmente a partir de ahora empresas especializadas para realizar los estudios y la ingeniería de diseño, de los proyectos de obra y de preparación de la documentación para conseguir la autorización del desmantelamiento de la central de Almaraz, según se refleja en la documentación oficial vinculada a la futura licitación. La figura administrativa del ‘anuncio previo’ en este tipo de licitaciones permite que las compañías potencialmente interesadas en acudir al proceso de licitación vayan preparándolo de manera anticipada y así se puede agilizar el proceso una vez que el concurso está oficialmente en marcha.
El Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) establece que Enresa debe iniciar las labores previas a los desmantelamientos entre tres y preferiblemente cinco años antes de la fecha de cese definitivo. Y es conforme a estos plazos por los que la compañía pública arrancó las actividades para el desmantelamiento y la preparación de la documentación reglamentaria para la futura solicitud de autorización de desmontaje de Almaraz. Enresa ha estado trabajando con las propietarias de la central en la recopilación de la información necesaria para el diseño del proyecto, y ahora activará de forma defitiva la primera gran contratación de los servicios de ingeniería para el desmantelamiento.
El plan de las eléctricas
Las grandes eléctricas trabajan entretanto en un plan consensuado para proponer al Gobierno una ampliación de las operaciones de la central nuclear de Almaraz. Iberdrola, Endesa y Naturgy comparten accionariado en la planta cacereña a través de la sociedad CNAT (que también es la propietaria de la central de Trillo, en Guadalajara) y se dan otro mes de plazo para alcanzar una posición conjunta.
Aunque Iberdrola tiene una participación mayoritaria en Almaraz, las decisiones estratégicas han de ser adoptadas por unanimidad con Endesa y Naturgy, según establece la regulación vigente de las denominadas agrupaciones de interés económico (AIE). Las eléctricas se reunirán en una próxima junta de socios prevista para el próximo 20 de mayo. Las grandes eléctricas buscan una una propuesta consensuada sobre una revisión de los plazos de de los cierres de las centrales nucleares, y va tomando forma una posición conjunta de las compañías para solicitar una prolongación de la autorización de funcionamiento de Almaraz.
Las compañías estudian la solicitud de una ‘miniprórroga’ de tres años para la central cacereña de Almaraz, alargando su funcionamiento al menos hasta 2030, y que empujaría a revisar las fechas de cierre de todas las demás centrales con prolongaciones similares de bienios o trienios extra. La ampliación de la licencia de Almaraz, sea sólo hasta 2030 o más allá, conllevaría una reordenación del resto de cierres -previstos de manera ecalonada hasta 2035- para que no se solapen unos con otros, con lo que se retrasaría el apagón nuclear total y se prolongaría con carácter general los años de funcionamiento del parque nacional de reactores. Las eléctricas también reclaman rebaja de rebajas de tasas e impuestos estatales y autonómicos que pagan las centrales nucleares para hacer viable la continuidad de los reactores.
Contrarreloj por Almaraz
Las grandes eléctricas pactaron en 2019, entre ellas y con Enresa, un calendario de cierre progresivo de todos los reactores. El acuerdo con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP -las eléctricas propietarias de las plantas- establece una clausura escalonada de las plantas que arrancaría en 2027 (con Almaraz) y culminaría con el último el cierre en 2035 (con Trillo).
La central nuclear de Almaraz, en Cáceres, está ya en tiempo de descuento. El calendario oficial vigente establece que el reactor I de la central dejará de funcionar en noviembre de 2027 y el reactor II lo hará en octubre de 2028. Sin embargo, las eléctricas necesitan que se adopte una decisión de manera urgente para revertir esas fechas fijadas para su clausura. Los tiempos para revisar las fechas de cierre no son ilimitados, porque los condicionantes operativos y económicos son muchos. Y la decisión si se quiere prolongar la vida de Almaraz debería adoptarse antes de junio.
El proceso previo de planificación de las inversiones necesarias para seguir funcionando exige tomar una decisión ya, para cerrar acuerdos de formación, asegurarse que los operadores e la sala de control cuentan con las licencias oficiales preceptivas y para la contratación del resto del personal, y también para pactar las compras de combustible nuclear y otros suministros.
Fuera de esos plazos, si se toma la decisión más allá del primer semestre de 2025, la central tendría que estar un tiempo parada antes de poder volver a arrancar y ése es el escenario del que quieren huir a toda costa las eléctricas propietarias de la central. Iberdrola (que controla el 52,7% del capital de la planta), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%) temen un escenario en que la central se quede durante años sin producir electricidad y sin generar ingresos a la espera de recibir la autorización para volver a funcionar. Y mientras, las compañías sí que acumularían costes millonarios de mantenimiento y de personal por tenerla hibernada.
La batalla fiscal
El Gobierno y las grandes eléctricas mantienen contactos para abordar un posible aplazamiento de los cierres de las centrales nucleares. Iberdrola, Endesa y Naturgy han defendido públicamente la necesidad de mantener más tiempo en funcionamiento todo el parque nuclear para garantizar la seguridad de suministro eléctrico en el país, frente al calendario de cierres escalonados programados entre 2027 y 2035. Las compañías eléctricas, no obstante, consideran como condición imprescindible para no tener cerrar las nucleares y pactar una revisión del calendario de clausuras que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas den garantías expresas de que bajarán los impuestos a las centrales para asegurar su rentabilidad.
Sin embargo, el Gobierno aleja esa posibilidad y advierte de que los costes de operación de las centrales y de gestión de sus residuos debe seguir recayendo en las propias compañías eléctricas. El Ejecutivo “ha trasladado de manera firme a las empresas que la fiscalidad y los costes de la gestión de los residuos no pueden en ningún caso recaer en los consumidores”. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se advierte de que “actuará de manera responsable guiándose siempre por el principio rector de ‘quien contamina paga’”.
Las energéticas propietarias de las centrales nucleares llevan años quejándose de la enorme carga fiscal que asumen. Entre impuestos, tasas autonómicas y otras prestaciones abonadas para hacerse cargo de costes futuros de su actividad, la electricidad producida por las centrales nucleares paga más de 28 euros por megavatio hora (MWh). En total, más de 1.500 millones de euros cada año que, según se denuncia desde el sector eléctrico, hacen imposible la sostenibilidad y la rentabilidad futura de las centrales. Por eso reclaman que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas que aplican tasas específicas den garantías de que rebajarán los gravámenes.
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Enlace de origen : El Gobierno ignora las presiones y activa ya el primer gran contrato para cerrar la central nuclear de Almaraz