El Supremo ofrece declarar voluntariamente a Santos Cerdán el 25 de junio al encontrar “consistentes indicios” contra él en el informe UCO

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha ofrecido declarar voluntariamente al secretario general del PSOE, Santos Cerdán, el próximo día 25, al encontrar “consistentes indicios” contra él en el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le entregó el pasado día 5. El magistrado, que acordó este jueves el levantamiento del secreto, afirma que en el documento incluye “consistentes indicios acerca de la posible participación” del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, actuando en connivencia con el exministro José Luis Ábalos y con Koldo García Izaguirre en una adjudicación indebida y a cambio de precio de obras públicas. Por ello, y al ser Cerdán aforado, le ofrece declarar voluntariamente en la causa asistido por abogado el próximo 25 de junio.

El juez Leopoldo Puente justificó los registros realizados el martes en distintas empresas, entre ellas, la navarra Servinabar en Pamplona, cuyo propietario, Antxon Alonso, creó una cooperativa en 2015 junto al propio Koldo García, en el informe entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado día 5. En el auto de entrada y registro de la vivienda del exministro, el magistrado afirmaba que En la resolución señalaba que había aparecido una grabación en poder de quien fue su asesor principal, Koldo García Izaguirre, en la que se desprende “un determinado beneficio económico” para el exministro.

“José Luis Ábalos pudiera haber participado, puesto de acuerdo con terceros y desde su condición de titular del Ministerio de Transportes, en la adjudicación de determinadas obras en favor de concretas empresas a cambio de un precio o compensación económica”, decía el auto en el que se encargaba a la Guardia Civil intervenir los dispositivos electrónicos y la documentación relacionada con los delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal investigados.

El instructor del Supremo ordenó al instituto armado el pasado abril investigar si se habían producido irregularidades en las adjudicaciones de obra pública. El comisionista Víctor de Aldama había entregado en el alto tribunal un listado de 128 licitaciones en las que se sostenía se habían pagado comisiones. Aldama está imputado en el Supremo junto a Koldo García y José Luis Ábalos, que dada su condición de aforado solo podía ser investigado en el alto tribunal.

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