El pleno del Tribunal Constitucional admitirá a trámite este martes el último recurso de los condenados del ‘procés’ a los que no se les ha aplicado la amnistía, al entender el Tribunal Supremo que el delito de malversación del que les consideró responsables por el 1-O entra dentro de las excepciones que preveía la propia ley de la medida de gracia.
Se trata de la impugnación interpuesta por el secretario general de Junts, Jordi Turull. En cuanto esté admitida a trámite dispondrá de 10 días para volver a recusar al magistrado José María Macías, si lo estima conveniente, aunque su anterior intento fuera rechazado por extemporáneo, informan a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas.
El incidente de recusación anterior se rechazó, porque lo interpuso antes de la admisión a trámite de su recurso de amparo, como también ocurrió con el presentado por la Abogacía del Estado, que se opuso a la participación en los debates sobre la constitucionalidad de la amnistía del magistrado que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que se admitiera a trámite el recurso de inconstitucionalidad del PP, lo que invalidaba su impugnación.
De tal forma que la única recusación presentada contra Macías que prosperó fue la del fiscal general, porque el ministerio público sí interviene en las cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por los tribunales y cuando presentó el incidente ya había sido admitida la interpuesta por el Tribunal Supremo en una causa por una protesta en Girona en la que se produjeron delitos de atentado contra la autoridad y altercados. Ello supuso que el magistrado quedara apartado de esas deliberaciones, pero rehusó hacerlo del resto de asuntos relativos a la amnistía, como siempre ha sido la práctica habitual en el Constitucional.
No obstante, el rechazo de la recusación anterior no impide a Turull volver a intentar apartarle de los debates relativos a la amnistía una vez admitido el recurso por la trascendencia constitucional del asunto que plantean, como ya determinó el alto tribunal con los presentados por los otros tres condenados por el Supremo por malversación: el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los ‘exconsellers’ Dolors Bassa y Raül Romeva.
A lo que no accedió entonces el pleno es a la aplicación de la amnistía de forma cautelar, lo que supondría levantarles la pena de inhabilitación que siguen cumpliendo. En el caso de Junqueras, Bassa y Romeva el pleno acordó abrir una pieza separada para decidir en ella si levantaba la inhabilitación antes de resolver el fondo del recurso.
Una vez admitido a trámite el recurso de amparo de Turull, los únicos que quedarán pendiente serán los que todavía tienen que interponer los procesados en rebeldía: el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los ‘exconsellers’ Lluís Puig y Toni Comín. Lo harán una vez el Tribunal Supremo rechace el incidente de nulidad que acaban de presentar contra la decisión de la Sala Segunda del Supremo de rechazar definitivamente la posibilidad de aplicar la amnistía al delito de malversación que se les atribuye.
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