El ministro José Luis Escrivá ha apretado su agenda en los últimos meses para sacar adelante su proyecto para impulsar fondos públicos de pensiones. El objetivo pasa por llevar en enero al Congreso el anteproyecto de ley, para que se apruebe a lo largo de la primera mitad del año. Parte del sector ha hecho ‘lobby’ para derribar la barrera de entrada que planteó el ministerio.

Escrivá quiere que el ahorro complementario a las pensiones públicas se canalice a través del ámbito laboral, lo que se conoce como el pilar II por parte de la OCDE, en detrimento del pilar III, que es el ahorro individual a través de los planes de pensiones privados.

Para ello, los presupuestos generales del Estado para 2022 incluyen un nuevo recorte, de 2.000 a 1.500 euros, en la aportación máxima deducible a los planes de pensiones, desde el tope de 8.000 euros vigente hasta el año pasado. Mientras que en los planes de empleo ha habido un aumento hasta los 8.500 euros.

José Luis Escrivá quiere una revolución en el esquema de ahorro, para alcanzar una cifra de 200.000 millones a través de planes de empleo, que se canalizarán mediante fondos de pensiones de promoción pública. Estos vehículos estarán gestionados por gestoras privadas que podrán acudir a convocatorias para gestionar estos fondos.

Y aquí reside la novedad. El ministerio facilitó al sector, a través de las patronales Inverco y Unespa, un borrador del anteproyecto que incluía una barrera de entrada de tamaño. En concreto, el texto explicaba que las convocatorias para las gestoras se realizarán con una periodicidad máxima de tres años y que para concurrir se necesita un patrimonio bajo gestión al cierre del ejercicio anterior superior a 1.000 millones.

Esta barrera limitaría el acceso, actualmente, a 22 entidades. Desde el sector, se criticó desde el primer momento, con el argumento de que es un ataque a la competencia. Y, finalmente, el ministerio ha decidido eliminar esta barrera en el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, que ha terminado su fase de audiencia e información pública, antes de volver en segunda vuelta al Consejo de Ministros. La previsión es enviarlo al Congreso en enero.

Comisión máxima

De esta forma, cualquier gestora aprobada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), órgano dependiente del Ministerio de Economía, podrá competir por gestionar fondos de pensiones de promoción pública. También mutualidades de previsión social, para las que igualmente se elimina el límite de tener 1.000 millones, en este caso, en provisiones matemáticas.

El texto que ultima Seguridad Social sigue contando con un límite a la comisión de gestión del 0,3%, lo que supone ‘de facto’ una barrera de entrada para muchas gestoras, ya que se necesita volumen para poder rentabilizar la gestión con comisiones inferiores a este umbral. Actualmente, la mayoría de planes de empleo tienen comisiones inferiores a ese umbral, pero porque, a pesar de que son pocos y el patrimonio total se limita a 37.000 millones en diciembre, son fondos de tamaño más elevado que los planes individuales.

En concreto, suelen tratarse de planes de empleo desarrollados hace más de una década en empresas grandes, y el banco los gestiona con comisiones reducidas aprovechando economías de escala, porque normalmente también realiza otros servicios para estas compañías, con lo que rentabilizan la gestión más allá de las propias comisiones específicas. Según el ministerio, los costes que soportan las entidades gestoras de fondos de pensiones más significativas son “muy inferiores al 0,3%” de los activos gestionados.

En cualquier caso, hay entidades grandes en el mundo de la gestión de activos que tienen un patrimonio superior holgadamente a los 1.000 millones entre fondos de inversión, carteras de clientes y fondos de pensiones, pero se quedaban fuera al contar solo este último segmento. Algunos ejemplos son Mutua Madrileña, Allianz, March o Mediolanum. En el lado de los depositarios, también se elimina la barrera inicial de 10.000 millones que, por ejemplo, dejaba fuera a Inversis.

Escrivá se mira en el espejo de las entidades de previsión social voluntaria (EPSV), que gestionan ahorro del 50% de los asalariados con un volumen equivalente al 20% del País Vasco, mientras que en España solo el 10% de los trabajadores tiene un plan de empleo. Con esta premisa, el ministro considera viable llegar al 10% del PIB español en 2030, lo que supondría una cifra cercana a los 150.000 millones de euros.

El texto en consulta pública crea los fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP), promovidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y serán de renta fija, renta fija mixta o renta variable. A ellos se podrán adherir trabajadores y empresas. Por otro lado, se crean los planes simplificados, que deberán adscribirse a los fondos anteriores, y que podrán impulsarse desde la negociación colectiva o desde colectivos de profesionales y autónomos.

source Escrivá elimina la barrera para competir por gestionar fondos públicos de pensiones