Casi 100,000 soldados rusos en la frontera con Ucrania y un supuesto plan de ataque en fases que acabaría con la invasión de Kiev. Los ojos del mundo están pendientes de Rusia, con el temor a un conflicto bélico a comienzos de año como telón de fondo. Pero para los periodistas rusos que tienen que cubrir la escalada de tensión entre los dos países, informar de asuntos como la posición de las fuerzas armadas o del material que utilizan puede acarrear la temida designación de ‘agente extranjero’.

Vamos por partes. A comienzos de octubre, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) -antiguo KGB- publicó una lista de asuntos “prohibidos” por los que una persona puede recibir la etiqueta de ‘agente extranjero’ si informa de ellos fuera del país y si, en algún momento de su vida, ha recibido dinero desde fuera de Rusia. La lista incluye temas como “Información sobre la posición, nombre real, estructura organizativa, armamento y fuerza de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa”. Además, veta un gran número de asuntos relacionados con la empresa estatal Roscosmos, encargada del desarrollo, tanto militar como civil, del programa espacial.

“Ya había evidencias de que el FSB podía imponer sus líneas rojas y hacer lo que quisiera con los periodistas. Ahora es más oficial”, explica a El Confidencial Roman Dobrokhotov, fundador y director del medio digital The Insider, con sede en Letonia y categorizado como ‘agente extranjero’ por las autoridades rusas.

La etiqueta, que en principio fue ideada para señalar a ONG que reciben financiación del extranjero, se lleva usando desde mediados de 2020 también contra medios y periodistas críticos con el Gobierno. Meduza, Bellingcat, The Insider… y recientemente Dozhd, la popular cadena de televisión independiente, con sede en Moscú. Según denuncian estos medios, las autoridades están “utilizando la ley” de manera política “para castigar” a los que incomodan a Putin. Pero, ¿qué implica realmente ser considerado un ‘agente extranjero’?

“Un ‘agente extranjero’ debe registrarse como una entidad especial, presentar muchos documentos, hacer informes financieros… Si no lo hace puede ser multado, y finalmente sufrir una investigación criminal“, explica Dobrokhotov. Probablemente el rasgo más característico, sin embargo, es el mensaje especial que deben colocar en cada artículo, información o ‘post’ en redes sociales el medio o la persona afectada: “Este material ha sido creado o distribuido por un medio de masas extranjero realizando las funciones de agente extranjero, y/o una entidad legal rusa realizando las funciones de agente extranjero”.

“Siempre que compro un café pienso que, en teoría, cualquiera puede verlo en la web del Ministerio de Justicia”

Cuando las autoridades le explicaron a Sonya Groysman, una joven periodista del medio digital Proekt, por qué habían decidido ponerla en la lista, su argumento fue que había compartido información en redes sociales de un ‘agente extranjero’ sin incluir la etiqueta. “Cada vez que publico un paisaje en Instagram siento que me estoy arriesgando”, explica Groysman en un artículo sobre la designación publicado en ‘The Moscow Times’. Además, la periodista tiene que informar de todos los ingresos que percibe, y en qué los gasta -“siempre que compro un café pienso que, en teoría, cualquiera puede verlo en la web del Ministerio de Justicia”-, en cinco informes de 40 páginas que debe entregar anualmente. Cometer errores en estos informes puede conllevar penas de prisión.

“En Rusia es un clásico utilizar pequeños errores administrativos y sacarlos de contexto para encarcelar a gente”, explica Jamie Wiseman, director de defensa para Europa del Instituto de Prensa Internacional (IPI), una red global de periodistas, con sede en Viena, que promueve la libertad de prensa. Según Wiseman, en 2021 se ha producido “la mayor represión de medios independientes en Rusia de la última década”, en parte por el uso que se ha hecho de la ley de ‘agentes extranjeros’. Su aplicación a individuos, y no solo a organizaciones, “es uno de los principales factores”.

Wiseman tiene conocimiento de al menos 259 causas administrativas que se encuentran actualmente en los tribunales por errores a la hora de incluir la etiqueta de ‘agente extranjero’. Y no solo de medios o periodistas con la designación, sino de otros que olvidan incluir la referencia al escribir sobre organizaciones en la lista. Le ha pasado, por ejemplo, a Dmitry Muratov, reciente ganador del Nobel de la Paz, al escribir sobre Alexéi Navalni. “Es absurdo, e incómodo, pero creo que también ha sido tremendamente efectivo”, explica Wiseman.

“Casi nos mata. Estuvimos considerando cerrar”

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zakharova, ha defendido la normativa argumentando que es similar al registro de entidades extranjeras estadounidense: la ‘Foreign Agents Registration Act’, una ley de 1938 bajo la cual las autoridades de EE.UU. obligaron a la cadena estatal Russia Today a registrarse como ‘agente extranjero’ en 2017, pero que no implica más que la designación. Según Zakharova, la etiqueta en Rusia no impide informar sobre ningún tema, y solo obliga a los afectados a cumplir con una serie de requisitos. Pero la realidad es que acabar en la lista puede destruir a un medio.

“Casi nos mata. Estuvimos considerando cerrar, porque pensábamos que no íbamos a sobrevivir“, admite el editor jefe de Meduza, Ivan Kolpakov, sobre el momento en que recibieron la designación de ‘agente extranjero’. Meduza es “probablemente el mayor” medio digital independiente en ruso -en palabras de su editor jefe-, y el primero en recibir la etiqueta en esta reciente ola de represión. Anteriormente solo habían sido incluidos en la lista Radio Free Europe y Voice of America, ambos financiados por el Congreso de EE.UU.

El periodista de investigación ruso Roman Dobrokhotov. (Reuters)

En el caso de Meduza, la designación atacó dos de sus pilares fundamentales: la financiación y el acceso a fuentes. “Destruyó inmediatamente nuestro modelo de negocio”, explica Kolpakov. El medio, a pesar de tener su sede en Letonia precisamente para poder operar al margen de las presiones gubernamentales rusas, perdió a todos sus anunciantes tras ser incluido en la lista de ‘agentes extranjeros’. Además, sus periodistas se han visto “enormemente limitados” en su trabajo diario debido a la reticencia de algunas fuentes a hablar con ellos. “Es como si el propio Estado te marcara como ‘enemigo del Estado'”, explica Kolpakov.

Sobre este último punto, Roman Dobrokhotov considera que la indeterminación y las incógnitas que rodean a la ley sirven para crear un clima de sospecha permanente que beneficia a Putin. “Creo que es parte de una estrategia para que la gente tema esta maquinaria, hacerla impredecible y que cualquier persona que ni siquiera esté involucrada tema ser considerada un ‘agente extranjero'”, explica el periodista. Dobrokhotov asegura conocer a varias personas que temen hablar con ellos o darles declaraciones por este motivo.

Por qué Putin no quiere que sepas del programa espacial

Otros piensan que el asunto no es tan extremo. “Al final tú y yo estamos hablando”, dice entre risas Dmitry Stefanovich, analista de estrategia militar e investigador en el Centro de Seguridad Internacional del Instituto Primakov. Stefanovich considera que existen razones válidas por las que el Gobierno querría establecer una serie de “temas sensibles” sobre los que limitar la conversación pública, especialmente en lo que se refiere al espacio. “El país invierte mucho en estos desarrollos, y evidentemente no quiere que se utilice información sobre ellos para desestabilizar estas inversiones”, explica el analista.

Esto no significa necesariamente que haya que temer un conflicto inminente. Según Stefanovich, todo el desarrollo militar se basa en una idea: la percepción de la amenaza. “El problema no es el conflicto, es el miedo a un conflicto, y el miedo a amenazas que tal vez solo existen en la cabeza de quienes toman las decisiones”, lamenta el investigador.

En el caso del espacio, además, confluyen dos factores, particularmente rusos, que pueden explicar la reticencia del FSB a permitir que se informe libremente sobre las actividades de Roscosmos.

Por un lado, Estados Unidos disfruta de un enorme apoyo de sus aliados en asuntos espaciales: tienen un gran número de acuerdos para compartir los datos de Conocimiento Situacional del Espacio (‘Space Situational Awareness’, en inglés), o para ubicar parte de su infraestructura terrestre en otros territorios. “Esto lleva a pensar que, si todo funciona como debería, tendríamos graves problemas en Rusia”, bromea Stefanovich sobre un hipotético conflicto.

Por otro lado, la herencia soviética de innovación espacial ha supuesto una enorme carga económica para las autoridades rusas, ya que la actual situación del país apenas permite mantener el enorme despliegue tecnológico que floreció con la URSS -con todas las implicaciones ideológicas y culturales que eso conlleva-.

“Una prohibición tan amplia debilita la discusión dentro del propio país sobre estos ‘temas sensibles'”

Aunque la lista de asuntos vetados del FSB excluye específicamente los proyectos civiles, el enorme vínculo que existe en Rusia entre el desarrollo militar y la tecnología espacial hace pensar que prácticamente cualquier información relacionada con las actividades de Roscosmos se encuentra ahora bajo el paraguas de “temas sensibles” que mencionaba Stefanovich. “El programa espacial, inicialmente, surgió del programa de misiles balísticos“, cita el analista como ejemplo de esta relación.

“El problema es que, aunque se basa en preocupaciones legítimas, una prohibición tan amplia debilita la discusión dentro del propio país sobre estos ‘temas sensibles’. Y sin discusión se pueden cometer muchos errores, aunque no sean intencionados”, concede Stefanovich.

Una opinión similar a la que defiende Elena Chernenko, periodista del prestigioso periódico Kommersant. “Creo (que esta lista) influirá en el periodismo ruso pero no por presiones gubernamentales o por consecuencias reales, sino por la censura propia”, explica la reportera. Algunos periodistas, dice, podrían “pensárselo dos veces” antes de cubrir temas que consideran peligrosos o que pudieran acarrearles problemas.

Chernenko no cree, sin embargo, que Kommersant se haya visto afectado por el desarrollo de la ley de ‘agentes extranjeros’. “Tenemos suerte de trabajar como antes, intentando estar al mismo nivel al que hemos estado siempre”, asegura. En su caso, solo en una ocasión se ha negado a hablar en un seminario organizado por una entidad militar occidental que le había ofrecido remuneración por su intervención, “aunque probablemente hubiera podido hacerlo ‘pro bono’, como he hecho muchas veces”, aclara.

Las dos Rusias

Roman Dobrokhotov no se muestra tan convencido. Según el investigador, el desarrollo de la ley de ‘agentes extranjeros’ y la inclusión de una lista de temas señalados contribuirá a hacer aún más grande la brecha informativa que hay en el país, algo que, a su vez, agravará la gran brecha generacional que existe entre los jóvenes, que se informan en Internet, y los mayores, que lo hacen en medios tradicionales. “Nosotros seguiremos cubriendo estos temas porque nos da igual la ley de ‘agentes extranjeros'”, dice con orgullo. Pero otros medios, como Kommersant, que se encuentran en una “zona gris” -ya que no son propiedad estatal pero están en manos de gente cercana a la élite gubernamental-, dependerán cada vez más de la “versión oficial” de las autoridades. Para Dobrokhotov, la situación tiene tintes estalinistas. Le recuerda a esa “Rusia rodeada de enemigos” de la propaganda soviética que ve cada vez más presente en la prensa de su país.

“Todo el que sigue la política rusa sabe que la rama de seguridad del Gobierno (el FSB) es ahora un agente central”, explica por su parte Kolpakov. Para el periodista, el uso de la ley de ‘agentes extranjeros’ contra los medios críticos nace de una “visión del mundo” de esta rama de la élite gubernamental, que tiene un peso cada vez mayor en las decisiones de Putin. La idea remite a esa “percepción de la amenaza” que mencionaba Stefanovich.

“Cuando hay una ley que genera un murmullo social, las autoridades suelen cambiarla un poquito para mejor, pero mucho para peor”

Las razones son múltiples: las protestas en Bielorrusia -“el Gobierno teme que algo similar pueda suceder aquí”, asegura Kolpakov-, el cada vez mayor aislamiento internacional de Rusia a nivel diplomático y la vuelta al país del opositor Alexéi Navalni, por citar algunas.

Es prácticamente el mismo argumento que utiliza Tikhon Dzyadko, director de la cadena de TV independiente Dozhd, para explicar su pesimismo. En los últimos días, el propio Putin se ha declarado a favor de una “revisión” de la ley de ‘agentes extranjeros’ para tener en cuenta los reparos de la prensa. Una tesis que va en línea con la opinión de Jamie Wiseman, del IPI, para quien este tipo de acciones contra la prensa en Rusia suelen ir ligadas a los ciclos electorales -las elecciones legislativas se celebraron a comienzos de septiembre-. Dzyadko cree, sin embargo, que si el Gobierno revisa la ley será para hacerla más restrictiva, no menos. “Cuando hay una ley que genera un murmullo social, como esta, las autoridades suelen decidir cambiarla un poquito para mejor, pero mucho para peor”, explica el periodista. Por eso, tal vez se anuncien excepciones para organizaciones benéficas, mientras que el trabajo de los periodistas independientes se volverá cada vez más complicado. “Así es como suele funcionar en Rusia”, sentencia.

Una “herramienta política”

El caso de Dozhd destaca por tratarse de una televisión con sede en Moscú. La mayoría de los medios afectados por la etiqueta de ‘agente extranjero’ tienen su sede fuera de Rusia, por lo que están claramente expuestos a la designación: reciben su dinero y pagan a sus periodistas en otro país. Dozhd no. Según explica Dzyadko, la cadena tuvo “cuatro contratos con cuatro fundaciones que antes de trabajar con nosotros habían recibido dinero del extranjero”, además de una pequeña beca de la Comisión Europea. “Es absurdo”, asegura, y más aún cuando medios estatales, como Russia Today, también han recibido dinero de fuera y no han sido designados como ‘agentes extranjeros’. “Esto demuestra el carácter absolutamente político de la ley, que se usa como herramienta para castigar a aquellos que no les gustan”, protesta Dzyadko. Ivan Kolpakov, de Meduza, opina algo similar: “Rusia no crea leyes sin casos específicos en mente”, explica.

Roman Dobrokhotov también considera que este acoso contra medios independientes y periodistas críticos se volverá cada vez más habitual. Pone un ejemplo: el “Internet soberano” que prepara el Gobierno de Putin. Hace poco más de una semana, las autoridades bloquearon el acceso al popular servicio Tor, que enmascara la IP de los usuarios que navegan por la red para que puedan hacerlo sin ser vigilados. Según los expertos, la medida acerca al Gobierno a su plan de separar la red rusa (‘RuNet’) del resto de la ‘World Wide Web’.

El propio Dobrokhotov se encuentra actualmente en paradero desconocido, ya que tiene abierta una causa judicial en Rusia por cruzar la frontera sin su pasaporte. El FSB se ha presentado en varias ocasiones en su casa. “Volveré cuando Putin muera”, dice. “Ojalá sea mañana, pero temo que todavía quedan 15 o 20 años”, bromea el periodista. No cree que las cosas en el país vayan a cambiar hasta que eso suceda.

El director de la cadena independiente Dozhd, Tikhon Dzyadko (Dozhd)

A pesar de la rotundidad de Dobrokhotov, Tikhon Dzyadko, por su parte, no se plantea salir de Rusia. “Somos patriotas”, defiende, “nuestras familias están aquí, nuestros amigos, y todo el trabajo que hacemos es para mejorar la vida de la gente aquí”. Además, en el caso de Dozhd, la etiqueta de ‘agente extranjero’ no ha espantado a sus anunciantes, quienes se han mantenido fieles a ellos desde 2014, cuando empezaron a sufrir presiones del Gobierno.

Meduza sí que perdió a sus anunciantes con la designación, pero, contra todo pronóstico, ha encontrado una manera de mantenerse a flote. Su caso da una idea de cómo podría ser el futuro de la prensa crítica rusa. A raíz de la enorme pérdida de ingresos que sufrió, el medio decidió lanzar una campaña de ‘crowdfunding’ que, hoy por hoy, permite pagar los salarios y continuar con el trabajo de investigación que realizan, más allá de las dificultades de trabajar desde el extranjero. “Por ahora funciona”, dice Kolpakov, aunque, siendo sinceros, tampoco se le nota demasiado convencido.

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