La Comunidad de Madrid y el resto de autonomías gobernadas por el PP han replicado al plan de Vivienda 2026-2030 propuesto este miércoles por el Gobierno con su propia alternativa. En una carta remitida a la ministra Isabel Rodríguez, lamentan que el documento entregado en la comisión multilateral de carácter técnico “no va más allá de una manifestación de intenciones, algunas profundamente equivocadas, siendo en todo caso insuficiente para sentar las bases sólidas para un acuerdo que permita aprobar el Plan Estatal de Vivienda que España necesita y que ha de cimentarse sobre un modelo político de vivienda que ofrezca resultados positivos”.
En ese documento, el Ministerio de Vivienda establece las bases del nuevo plan estatal para el periodo 2026-2030 para ejecutar inversiones en construcción y rehabilitación de viviendas públicas en todos los territorios. El objetivo es alcanzar un volumen de 6.600 millones de euros para los próximos cinco años pero a través de un nuevo modelo de colaboración con las comunidades autónomas que tendrán que aportar un 40% del presupuesto: así, ofrece a la Comunidad de Madrid 636 millones, a los que el Gobierno autonómico deberá sumar 423 en los próximos cinco años frente a los 68 millones que destinó a contribuir al plan estatal de vivienda en el periodo 2022-2025. De esta forma, Madrid alcanzaría una inversión global de 1.059 millones de euros, la segunda más elevada de España, solo por detrás de Andalucía.
Las administraciones del PP recuerdan en su carta a la ministra que “el papel competencial reserva al Gobierno de España exclusivamente la aprobación del marco legal y la posibilidad de ofrecer instrumentos de financiación, mientras que son las comunidades autónomas las que tienen que aplicar las políticas ejecutivas de acuerdo con sus propios planteamientos políticos”. A su juicio, la única vía posible para aprobar un Plan Estatal de Vivienda que defina una política estable “es la del consenso entre administraciones y la cogobernanza leal”, por lo que “es importante que transitemos por el camino correcto y el seguido por su ministerio no lo es”.
Como alternativa, estas comunidades autónomas más Ceuta y Melilla plantean su propio plan quinquenal y recuerdan que “la defensa de la propiedad privada es esencial en un estado de derecho. Permite a los jóvenes convertirse en propietarios de la vivienda con la que sueñan. España es, desde hace décadas, un país de propietarios y le ha ido muy bien así”. Y denuncian que “es urgente recuperar la confianza perdida entre propietarios e inquilinos ofreciendo seguridad jurídica en el alquiler”. Para ello consideran “necesarias medidas que faciliten un crecimiento equilibrado y sostenible de la oferta: vivienda en propiedad, vivienda en alquiler, vivienda de protección, vivienda social para las familias necesitadas y rehabilitación de viviendas”.
Para conseguir esos objetivos, proponen al Gobierno la aplicación se seis líneas estratégicas. En primer lugar, “disponer suelo para la construcción de vivienda social y asequible mediante la movilización de parcelas de titularidad pública de destinadas inicialmente a dotaciones y equipamientos que, finalmente, no hayan cumplido dicha función, lleven tiempo vacantes” y puedan servir también a una finalidad pública como es incrementar la oferta de vivienda asequible.
Asimismo, plantean el desarrollo de vivienda social, de protección y asequible, en alquiler y en propiedad para atender a las necesidades de vivienda social de familias en riesgo de pobreza y exclusión, así como a las víctimas de violencia de género y terrorismo. Para ello ven necesario “ofrecer incentivos a promotores, constructores y cooperativas de vivienda para el desarrollo de actuaciones de vivienda protegida, recuperando el modelo de éxito que permitió hacer una España de propietarios en los años 70, 80 y 90”. Y promover desde la Administración la construcción de vivienda en alquiler asequible a un precio hasta un 30% por debajo del mercado, mediante mecanismos de colaboración público-privada.
Tambien consideran importante “impulsar la rehabilitación de viviendas en un parque muy antiguo como el que tiene España, con el objetivo de poner en el mercado más viviendas, desarrollando programas de apoyo a la industria de la rehabilitación, para modernizar y hacer más habitables, accesibles y eficientes energéticamente las viviendas”, acompañado de toda una batería de incentivos fiscales.
Asimismo, plantean ayudas al alquiler para las familias que están en riesgo de pobreza y especialmente las que tienen hijos a cargo o miembros con discapacidad, dando “preferencia a las familias cumplidoras de sus obligaciones de pago, distinguiéndolas de las que en abuso de derecho ocupan o inquiocupan una vivienda”. En esa línea, reclaman “restablecer la seguridad jurídica a los propietarios de vivienda frente a las conductas fraudulentas de ocupación e inquiocupación” y recuperar “el necesario equilibrio en la relación entre inquilinos y propietarios para evitar abusos por ambas partes, restableciendo los umbrales de vulnerabilidad a los niveles que realmente representan a las familias con problemas”.
Subrayan que “los jóvenes tienen derecho a desarrollar su proyecto de vida en viviendas de su propiedad, como hicieron las generaciones anteriores”. Por eso plantean facilitar el acceso a la hipoteca a menores de 40 años para compra de la primera vivienda, mediante avales u otras fórmulas que faciliten el acceso al crédito hasta alcanzar el 100% de la totalidad del precio de la vivienda. Por ejemplo, impulsar las cuentas de ahorro destinadas a vivienda protegida que ofrezcan beneficios fiscales, como deducciones en el IRPF por las cantidades ahorradas, especialmente para la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual.
Además, estiman necesario en general reducir las cargas impositivas que recaen sobre las viviendas de protección pública, desde los procesos de creación, como en las transmisiones y que acaban incrementando el precio final de la vivienda. Asimismo, claman por “una administración eficaz con reducción de burocracia y mayor seguridad jurídica” y la necesaria coordinación con las entidades locales, que permita incrementar la eficiencia y mejorar su ejecución.
Enlace de origen : Madrid y las demás comunidades del PP presentan al Gobierno su propia alternativa al plan de Vivienda 2026-2030