A lo largo y ancho de la Unión Europea, la última ola de la pandemia, junto a la incertidumbre de la variante ómicron, ha llevado a los gobiernos de múltiples Estados miembros a la reinstauración de restricciones a la libre circulación y al retorno de los manidos debates que enfrentan la libertad individual con la seguridad colectiva. Sin embargo, más de dos años después de que el primer brote de covid-19 fuera detectado en Wuhan, el hartazgo generalizado, sumado a la eficacia demostrada por las vacunas a la hora de contener la pandemia a lo largo de este 2021, ha hecho que lo que antes era un tabú se haya convertido en el nuevo gran debate a nivel europeo: la vacunación obligatoria.

La puerta a esta ‘opción nuclear’ fue abierta de par en par por Austria, un país con una tasa de vacunados del 66% que a mediados de noviembre estaba experimentando un pico de contagios que duplicaba su récord anterior. El Gobierno impuso entonces un confinamiento masivo de tres semanas de duración y, no contento con ello, anunció que todos los adultos del país estarían obligados a vacunarse a partir de febrero de 2022. A día de hoy, tras una reducción drástica del número de infectados y múltiples protestas en las calles contra la medida, el Ejecutivo austriaco no parece tener ninguna intención de dar marcha atrás en su plan, que implica multas trimestrales desde 600 hasta 3.600 euros para quienes rehúsen aplicarse la pauta completa.

Es probable que el país centroeuropeo no esté mucho tiempo solo. El nuevo canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha manifestado su respaldo a una ley que imponga la obligatoriedad de la vacuna que será presentada en torno a febrero del próximo año. Se trata de un ejemplo cristalino de cómo la reciente ola de contagios ha girado las tornas respecto a la cuestión. Durante la campaña, el entonces candidato socialdemócrata reiteró su rechazo a cualquier medida que convirtiera la inmunización en un proceso no voluntario. Sin embargo, tras un mes devastador en que los alemanes vivieron cerca de 50.000 nuevas infecciones por día, las prioridades han cambiado. Una encuesta reciente de YouGov reveló que un 63% de la población del país más rico de Europa respalda la vacunación obligatoria.

Por lo pronto, el Bundestag alemán ya aprobó la semana pasada, con 571 votos a favor y solo 80 en contra (del partido ultraderechista Alternativa para Alemania), una ley que exige al personal sanitario del país la pauta completa contra el coronavirus. Al hacerlo, Alemania se sumó a otros 10 Estados miembros de la UE que han adoptado —o están pendientes de adoptar— esta obligatoriedad parcial: Bélgica, Croacia, Grecia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, República Checa y Polonia. Cada uno de estos casos cuenta con su fórmula particular. A la constante de los sanitarios se suman otros sectores como los trabajadores de residencias, profesores, funcionarios, bomberos, agentes de policía o parlamentarios. Además, en los casos griego y checo, todos los ciudadanos mayores de 60 años que no se inyecten sus dosis correspondientes pueden ser multados.

El debate está servido

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pidió a principios de este mes el inicio de un debate a nivel europeo sobre la obligatoriedad de la vacunación. “Es necesario discutirlo y tener un enfoque común”, indicó a los medios de comunicación. Poco después, Bruselas se aseguró de lavarse las manos en un tema tan polémico aclarando que no estaba preparando ningún tipo de propuesta al respecto, al tratarse de una cuestión de prerrogativa exclusiva de los Estados miembros. Pero nadie duda de que la cuestión saldrá a relucir de nuevo, probablemente tan pronto como la reunión del Consejo Europeo que se celebrará el jueves y viernes de esta semana, algo que ya adelantó Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión.

España pertenece a la mayoría —por ahora— de los Veintisiete que no se plantean ningún tipo de obligatoriedad. “En nuestro país la situación es absolutamente diferente”, defendió recientemente la ministra de Sanidad, Carolina Darias. “Somos el país con mayor cobertura vacunal no solamente de la UE, sino del mundo, con cerca del 90% de las personas mayores de 12 años con vacunación completa”, argumentó entonces. Una opinión que se ve respaldada por la de numerosos expertos, que consideran que el caso específico español es uno en el que la vacunación forzosa tendría pocos beneficios. “La situación que tenemos en estos momentos no es una en la que sea necesario tomar medidas drásticas para forzar a todo el mundo a vacunarse. Es posible que dentro de unos meses estemos hablando de un porcentaje de vacunados del 90% o 95% y de que ese porcentaje ínfimo de personas que quedan sin vacunar no suponga ningún riesgo”, considera el virólogo Estanislao Nistal Villán, de la Universidad CEU San Pablo, en entrevista con El Confidencial.

“Los mandatos en torno a la vacunación son el absolutamente último recurso”

Más allá de España, muchos temen que abrir el melón de la vacunación obligatoria dé alas a movimientos de resistencia contra las inyecciones que hasta la fecha, en la mayor parte de Europa, cuentan con una fuerza marginal en comparación con Estados Unidos. Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa, afirmó la semana pasada que los países no deberían renunciar a la inmunización voluntaria a menos que no quede otra opción posible. “Los mandatos en torno a la vacunación son el absolutamente último recurso y solo deben aplicarse cuando se han agotado todas las demás opciones factibles para mejorar la aceptación de las vacunas”, declaró.

El pasaporte, la opción “discreta”

Conocedores de la polarización que acarrea la obligatoriedad de las vacunas, la mayoría de los gobiernos europeos parece estar usando este tipo de medidas con cautela, únicamente para sectores específicos, y recurriendo, en su lugar, al pasaporte covid como herramienta principal de presión.

Para la mayoría de los ciudadanos, el requisito cada vez más extendido de estos certificados para acceder a lugares de ocio, transportes o edificios administrativos tiene, en esencia, el mismo efecto que una vacunación forzada aunque despierta un rechazo social considerablemente menor. Una encuesta reciente de YouGov-Cambridge Globalism Project reveló que la mayoría de los ciudadanos europeos respalda el uso de este documento para grandes eventos públicos —en España, el apoyo llegaba al 64%, el más alto de los países del continente consultados—.

Frente a las grandes diferencias respecto a la obligatoriedad de las vacunas, prácticamente todos los países de la UE están utilizando el certificado covid para limitar la movilidad de sus ciudadanos sin pauta completa de una forma u otra. Hasta Bulgaria, un país con apenas un 26,5% de población con doble dosis, lo exige para el acceso a determinados espacios públicos (y para sus ministros). El éxito del caso de Francia, un país que antaño era considerado como uno de los que contaban con una ciudadanía más reticente a las vacunas y que vio cómo su tasa de inmunizados se disparaba tras la imposición del documento para participar en gran parte de la vida social, parece haber marcado la vía para el resto de los Veintisiete.

Sin embargo, el tiempo ha demostrado que este uso del pasaporte tiene un límite a la hora de incentivar la inmunización. Y en una pandemia que no ha dado señal alguna de remitir, recurrir constantemente a un documento que excluye de la vida social a un sector de la población puede ser contraproducente. “El pasaporte, tarde o temprano, deberá ser revisado con la mente fría para determinar si realmente está cumpliendo su función o si otras medidas son más adecuadas a la hora de estimular la vacunación”, asevera Nistal. “Preferiblemente, unas que no descarguen la responsabilidad en los negocios privados en lugar de garantizar su cumplimiento desde el Estado”, sentencia.

Source Link Tabú en España, aplaudida en Alemania: el mapa de la vacunación obligatoria en la UE