Al despejado camino de Rafael Louzán hacia la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol le ha surgido un serio contratiempo que promete enredar aún más el complejo proceso electoral que se vive en el fútbol español, empantanado desde la salida de Luis Rubiales hace más de un año. El Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, tiene previsto denunciar ante el Tribunal de Arbitraje (TAD) la candidatura de Louzán cuando ésta sea oficial dentro de unos días ya que consideran al gallego inelegible debido a la inhabilitación de siete años para ejercer cargo público que pesa sobre él.

La batalla durante los próximos días promete ser intensa y tiene muchas derivadas. Louzán tenía en el bolsillo su entronización como próximo presidente del fútbol español. El gallego había conseguido la nominación por parte de sus compañeros de las territoriales como el candidato «de consenso» imprescindible para mantener la federación bajo el control de la «gente del fútbol» que es como les gusta decir. Después de la negativa de la Audiencia Nacional a conceder a Pedro Rocha la cautelar –lo que le hubiera permitido presentarse con el apoyo de todas las territoriales– los «barones» buscaron una alternativa y ahí emergió con fuerza la figura de Rafa Louzán, afianzado a ojos de sus compañeros gracias al trabajo desarrollado en los últimos meses en un momento complicado en la Federación Española por el vacío de poder existente. Reconducir la relación con la Liga de Fútbol Profesional, que había saltado por los aires en los tiempos de Rubiales, había sido uno de sus grandes avales.

El problema de Louzán era la inhabilitación de siete años para ejercer cargo público que pesa sobre él tras ser condenado por prevaricación en 2022. El presidente de la Gallega defendió delante de sus compañeros (y les convenció) de que no sería un obstáculo porque la Federación Española es una entidad privada a la que no afectaba el castigo y que además no se trataba de una condena firme porque está pendiente del recurso en el Tribunal Supremo. Así fue como Louzán se hizo con el apoyo de la mayoría de las territoriales y con el aval de cerca de una centena de asambleístas (141 tienen derecho a votar el próximo 16 de diciembre, fecha prevista para las elecciones).

En contra del gallego solo se manifestaron unos pocos presidentes y uno de ellos, el valenciano Salvador Gomar, planteó la posibilidad de conseguir los 21 avales necesarios para ser candidato a la presidencia para competir contra Louzán. Desde su punto de vista la inhabilitación del presidente de la Federación Gallega era una fuente de problemas y alejaba al fútbol español de la imagen de regeneración que tanto se le reclama. Pero su fuerza duró apenas unas horas. Pasadas las doce de la noche de ayer envió un mensaje a sus compañeros en el que anunciaba que «por el bien común» daba marcha atrás y renunciaba a presentarse. El camino ya parecía completamente despejado para Louzán porque el empresario Juanma Morales, que sí ha anunciado su intención de presentarse, sufrirá para conseguir los 21 avales necesarios para concurrir a las elecciones. El fútbol no consentiría que alguien «ajeno» a su mundo entre a dirigir su ecosistema.

Pero ayer entró en escena el Gobierno a través del Consejo Superior de Deportes que, como adelantó El País, tiene previsto denunciar ante el Tribunal de Arbitraje (TAD) la candidatura del gallego porque le consideran inelegible debido a la inhabilitación de siete años, postura que choca con el punto de vista de Louzán y de su equipo jurídico.

El Gobierno hace tiempo que tiene a la RFEF en el punto de mira y sus intentos por restaurar el daño reputacional ocasionado por Luis Rubiales chocan, desde su punto de vista, con la llegada a la presidencia de un condenado por prevaricación sea la sentencia firme o no. Por eso, al igual que hicieron con Pedro Rocha, recurrirán al TAD su candidatura o bien su designación como presidente porque es posible que Louzán, en caso de seguir adelante, sea proclamado el 4 o 5 de diciembre. El plazo para presentar candidaturas se abrió ayer y acaba el 3 de diciembre y ahora mismo lo más probable es que solo el gallego llegue con los avales necesarios. Si la Federación le proclama presidente a mediados de la próxima semana es probable que al TAD no le dé tiempo a pronunciarse y la pelea legal cambie de escenario y de fechas. Ya no sería sobre su candidatura sino sobre su elección. Detalles que parecen inocuos pero que en manos de los abogados pueden ser determinantes.

Ahora queda por saber qué reacción genera la postura del Consejo Superior de Deportes en los presidentes de las territoriales. Las opciones son mantenerse fieles a Louzán y provocar un nuevo choque entre instituciones o buscar una vía alternativa, otro candidato que les permita ofrecer una cierta imagen de regeneración de cara al Gobierno pero sin dejar de tener el control sobre la Federación.

Y al fondo de toda esta historia aparece la FIFA que, como se ha repetido mucho en los últimos meses, prohíbe (y castiga) cualquier injerencia de la política en el desarrollo y funcionamiento de las federaciones. La denuncia contra Louzán podrían interpretarla como una intromisión inaceptable, pero según cuentan desde el CSD han planteado esta cuestión al organismo presidido por Infantino para garantizarse que no habrá represalias contra el Gobierno o contra la inminente designación de España como sede del Mundial de 2030.

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Enlace de origen : El Gobierno trata de frenar la entronización de Louzán