La Eurocámara llevará a la Comisión ante la justicia por no cortar los fondos a Polonia

Una y otra vez, eurodiputados de distintas fuerzas políticas, especialmente voces provenientes de los grupos ecologistas y liberales, han pedido a la Comisión Europea que pase a la acción contra el Gobierno polaco. Que use los instrumentos que tiene a su alcance, especialmente el mecanismo de protección de estado de derecho que está en vigor desde el pasado 1 de enero y que permite a Bruselas cortar el grifo de los fondos europeos a un Estado miembro en caso de que, por ejemplo, mine la independencia judicial.

Las críticas hacia la Comisión Europea han ido subiendo de volumen durante los últimos días, especialmente después de que el Tribunal Constitucional de Polonia considerara inconstitucionales los artículos 1 y 19 de los Tratados. El Ejecutivo comunitario sí que ha tomado medidas contra el Gobierno polaco, en concreto con la activación del artículo 7 en diciembre de 2017 por su reforma judicial, y con la apertura de distintos procedimientos de infracción por el mismo motivo. Pero los eurodiputados siempre han pedido que dé un paso más y que utilice todas las herramientas a su disposición. Desde la Comisión Europea se ha abierto en varias ocasiones la puerta a la posibilidad de tomar medidas antes de que haya una decisión por parte del TJUE.

Ahora la Eurocámara ha pasado a la acción. David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, ha anunciado este miércoles que la institución está preparándose para llevar al Ejecutivo comunitario ante los tribunales europeos por no aplicar el mecanismo. El italiano ha enviado una carta a los servicios jurídicos de la Eurocámara después de que la comisión de Asuntos Jurídicos votara a favor de la medida el pasado 14 de octubre, y de que la mayoría de los líderes de los distintos grupos políticos respaldaran también dar este paso en la Conferencia de Presidentes. En caso de que la Comisión active esta herramienta, la Eurocámara retirará el procedimiento judicial.

Hungría y Polonia han llevado el mecanismo de estado de derecho al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y en un principio tanto la Comisión como un número importante de Estados miembros querían esperar a que la alta corte de Luxemburgo dictara una opinión antes de poner en marcha la herramienta. “Los Estados miembros de la UE que violan el Estado de Derecho no deberían recibir fondos de la UE. El año pasado, el Parlamento convirtió en una de sus prioridades negociadoras el establecimiento de un mecanismo que lo garantizara. Sin embargo, hasta ahora la Comisión Europea se ha mostrado reacia a utilizarlo”, ha criticado Sassoli en un comunicado.

El Parlamento Europeo es sin lugar a dudas la institución más activa en el pulso en materia de estado de derecho con Hungría y Polonia. Fue la Eurocámara, y no la Comisión, quien arrancó el procedimiento del artículo 7 contra Hungría. Y los eurodiputados presionaron mucho durante las negociaciones de finales de 2020 para lograr que se incluyera el mecanismo de estado de derecho. También lo hicieron este martes, cuando se celebró un debate en el que participaron tanto Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, como el propio Mateusz Morawiecki, primer ministro de Polonia, que defendió la sentencia del Constitucional polaco.

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