Fernando Báez es dominicano, reside en Estados Unidos y aspira a ser tan español como sus ancestros. Pero a día de hoy es tan solo uno más de los miles de aspirantes que en los últimos años han intentado obtener nuestro codiciado pasaporte bermellón por la vía sefardí y permanecen enredados en un marasmo burocrático sin luz al final del túnel.

“He gastado más de 10.000 dólares e innumerables horas investigando mi propia familia, buscando y traduciendo documentos, ¿y todo para qué?”, protesta Báez en conversación con El Confidencial, quien contactó con un bufete de abogados malagueño para que gestionara su solicitud. “Es todo muy incierto después de haber gastado tanto dinero, solo queremos retornar a nuestras raíces”.

Gracias a estas gestiones, Báez logró presentar la solicitud en septiembre de 2019, antes de que terminara el plazo que el Gobierno extendió hasta el 31 de diciembre. En 2020 comenzó a recopilar la documentación solicitada para acreditar que realmente es descendiente de aquellos judíos expulsados de España en 1492. Según sus investigaciones familiares, Báez acumula en su árbol genealógico apellidos que probarían su condición sefardí: “Tengo varios: Báez, Enríquez, García, López, Méndez, González…”, enumera. “Todo mi linaje viene por Rodrigo de Bastidas“.

“Los abogados están haciendo tremendo trabajo, pero el Gobierno de España no nos ayuda”

El sevillano Rodrigo de Bastidas fue un mercader judeoconverso que se enroló en el segundo viaje de Colón a las Américas. Con el beneplácito de Carlos V, el conquistador hizo fortuna como traficante de esclavos en La Española, hoy Santo Domingo. Antes de fallecer en Santiago de Cuba en 1527, a los 52 años, le dio tiempo a tener ocho hijos a los cuales se aferran hoy centenares de ciudadanos caribeños como Báez para lograr la nacionalidad española. De momento, sin suerte.

“Los abogados están haciendo tremendo trabajo, pero el Gobierno de España no nos ayuda”, se lamenta este antiguo trabajador de American Airlines, quien confiesa que, de conseguir el pasaporte, desearía mudarse a España, donde actualmente solo cuenta con algún familiar lejano.

David Sarnow, mexicano, israelí y ahora español, junto a su hija Noa, ambos con pasaporte por vía sefardí. (EFE)

A día de hoy, y pese a un ambicioso plan de choque por parte del Ministerio de Justicia, hay aún 23.105 personas en su misma situación. El plan español para cerrar la herida que abrieron los Reyes Católicos hace más de 500 años y que dio origen a la diáspora sefardí por medio mundo nació con las mejores intenciones, pero ha acabado haciendo agua, otorgando el pasaporte de manera fraudulenta a centenares —incluso miles, el número real es imposible de determinar— de extranjeros con documentación más que dudosa. Para reparar el error, el ministerio tuvo que escrutar las solicitudes con mayor celo, lo cual dio lugar al rechazo de miles de ellas, que en un efecto dominó ha provocado este cuello de botella burocrático y las amargas quejas de numerosos bufetes de abogados, notarios y organizaciones projudías.

Una idea irreprochable

Alberto Ruiz-Gallardón, entonces ministro de Justicia, pasó años dándole forma a esta regulación que cristalizó en forma de ley en junio de 2015 —merece la pena leer el texto original de aquella Ley 12/2015, con una prosa culta y prolija en contexto histórico o cultural, merece su sitio en el panteón literario del BOE— y un posterior real decreto que apareció en octubre. Este marco legal serviría, en palabras del dirigente popular, para reparar el que, en su opinión, fue “el mayor error en la historia de España”, en referencia a la expulsión de la península de todos aquellos judíos que no aceptaran convertirse al catolicismo.

La expulsión de los judíos fue, para Gallardón, “el mayor error en la historia de España”

Ruiz-Gallardón, un político muy sensible hacia estos temas —su abuelo, José Rojas, embajador español en Rumanía, ayudó a salvar la vida de 110 judíos sefardíes perseguidos por el régimen nazi; tras su salida de la política, el exministro preside la fundación que pretendió levantar un Museo Judío en pleno paseo del Prado—, ya anticipó que el criterio no sería excesivamente estricto; ni se exigiría ser judío practicante ni tener intención de residir en España. “Queremos facilitar el proceso”, declaró a ‘The New York Times’.

Al principio, todo transcurrió como estaba previsto. Los descendientes de aquellos sefardíes de los que se decía que se habían llevado las llaves de sus casas porque esperaban volver pronto comenzaron a articular sus procedimientos a través de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) o de su rabino más cercano. Muchos de estos, incluso practicantes aún del idioma ladino, buscaban en la nacionalidad española una reafirmación sentimental más que un salvoconducto para cambiar de vida.

“En esos primeros años, probablemente la totalidad de casos eran legítimos, ya que este tipo de información se movió rápido en los círculos interesados”, explica una fuente conocedora del mundo judío que no está autorizada a declarar a la prensa. “Pero, según se fue viendo que era una vía rápida hacia la nacionalidad, aparecieron abogados y organizaciones que quisieron utilizar esta reparación histórica para hacer negocio con pocos escrúpulos”.

Entre 2015 y 2020 —el plazo para presentar la solicitud terminó en 2019, aunque era posible seguir tramitándola a partir de esa fecha—, el Ministerio de Justicia dio luz verde a la españolización de 20.908 personas y solamente una solicitud fue rechazada. Desde entonces, el goteo de negativas ha ido a más: tras siete denegaciones en todo el año pasado, en marzo de 2021 afloraron de golpe 236 solicitudes rechazadas y, en septiembre, últimos datos disponibles, 2.980 aspirantes a españoles por la vía sefardí recibieron una negativa por parte de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, el órgano encargado de estudiar los documentos que acompañan a las solicitudes.

“Lo peor es que esta vía para adquirir la nacionalidad no es barata: requiere inversión, tiempo y trabajo”, añade la anterior fuente. “Así que todos salen perjudicados, tanto los que de verdad tienen un legítimo linaje sefardí como los que no lo tienen y que al final los convencen para intentarlo. Como siempre, pagan justos por pecadores”.

¿De dónde viene tanto fraude?

La tradición dice que aquellos primeros expulsados por el Edicto de Granada se dirigieron a Italia, el sur de Francia, Portugal, Marruecos o hacia las tierras pertenecientes al antiguo Imperio otomano, donde encontraron refugio en ciudades tan disparmente históricas como Estambul, Esmirna, Safed, Jerusalén, El Cairo, Salónica, Sarajevo, Sofía o Bucarest.

Sin embargo, no ha sido en ninguno de estos lugares donde se ha producido la mayor explosión de solicitudes de nacionalización española por la vía sefardí durante estos últimos cinco años. Más bien en países como México, Venezuela, Colombia, Argentina o República Dominicana, donde en la televisión o en internet comenzaron a aparecer anuncios del tipo: “Si tienes estos apellidos podrías tramitar la nacionalidad española”.

La lista de apellidos llegaba a abarcar en ocasiones más de 3.200. En muchos de estos países, se convirtió en una leyenda urbana que los apellidos otorgaban automáticamente la nacionalidad española. De debajo de las piedras salieron despachos de abogados y expertos en genealogía dispuestos a enhebrar linajes por los que casi cualquier persona residente en estos países, con cualquier apellido imaginable entre Abad y Zunzunegui era, potencialmente, un descendiente legítimo de uno de los 100.000 judíos expulsados de Sefarad —España, en hebreo— por los Reyes Católicos.

“Sé de algunos casos que están siendo investigados por posibles delitos de suplantación de identidad y falsedad de documentos”, explica a El Confidencial el abogado José Cohen, titular de un bufete homónimo en el paseo de la Castellana. “Y mi opinión personal por lo que veo, escucho y comento con otros compañeros es que desafortunadamente son muchos más de unos pocos, lamentablemente… y precisamente por eso estamos pagando justos por pecadores”.

Muchos de estos bufetes y páginas con reclamo utilizan el libro ‘Sangre Judía: Españoles de ascendencia hebrea y antisemitismo cristiano’, publicado en 1998 por el periodista y traductor balear Pere Bonnín. En el libro, que escribió como una forma de saldar una deuda con sus antepasados judíos, Bonnín plasmó cinco años de investigación que lo llevaron a sumergirse en los censos de las juderías españolas, las listas inquisitoriales de aquellos condenados por judaizantes y varios estudios internacionales para sacar una primera lista de apellidos judíos que acabó siendo el anzuelo para muchos migrantes desesperados por lograr una vía de salida.

“Mi libro es un buen sitio donde empezar, pero no lo tiene todo”, comenta Bonnín en una entrevista con El Confidencial. “La descendencia es misteriosa, da saltos y es muy complicada”, reconoce el autor, quien desde que se aprobó la ley comenzó a recibir cientos de correos electrónicos de latinoamericanos consultándole sobre el tema. El investigador advierte que comprobar casos particulares es complicado, ya que muchos de los archivos fueron quemados —una práctica habitual en la época cada vez que había descontento para evitar pagar impuesto—. “A todos les dije lo mismo, que contacten con su rabino más próximo. El libro lo hice como una denuncia por la discriminación que sufrimos los que tenemos herencia judía conversa, no por el tema migratorio”.

La televisión dominicana se hace eco en 2019 de la vía sefardí de nacionalización. (Canal 9)

Es imposible sustraer de este debate el hecho de que, en ese momento, muchos de estos países se estaban viniendo abajo: en Venezuela, inmersa en una espiral catastrófica y con sus fuerzas especiales cometiendo asesinatos extrajudiciales, la posibilidad de lograr rápidamente la nacionalidad española y entrar legalmente en Europa era un aliciente muy poderoso para buscar antepasados sefardíes. A finales de 2018, un informe policial remitido desde una embajada latinoamericana alertó al Ministerio de Justicia de un extendido fraude relacionado con la documentación para acceder a este tipo de cartas.

Aquella alerta motivó que Justicia tomara cartas en el asunto y comenzara a ser mucho más exhaustiva con la documentación de los sefardíes aspirantes a españoles. Y esto motivó ese espectacular aumento en las denegaciones. Las sospechas apuntan, de nuevo, a estos países.

“Desde el minuto uno se ha estado mirando todo con atención, porque ha habido intentos de buscar parientes sefardíes hasta debajo de las piedras“, comenta a El Confidencial una funcionaria, quien en ese momento era alto cargo del Ministerio de Justicia.

Aunque el ministerio no ofrece desglosados por país los datos de rechazo, sí que es posible analizar el porcentaje de éxito por país. Así, podemos observar que en los países europeos, norteafricanos o con pasado otomano, el rastro sefardí es fácil de identificar y las posibilidades de obtener el visto bueno de Justicia suben mucho. El 88% de las solicitudes marroquíes o el 84% de las tunecinas fueron afirmativas, lo mismo que sucede en países como Grecia, Bosnia, Serbia o Bulgaria, de marcada raigambre sefardí. O incluso con Brasil, donde huyeron miles de judíos españoles una vez Portugal siguió los pasos de España y dictaminó la expulsión o conversión de los judíos en 1497. Allí, el 84% de las solicitudes de nacionalidad han sido atendidas.

Un joven mexicano de 21 años espera su turno para solicitar la nacionalidad española. (EFE)

Sin embargo, en el otro extremo aparecen países donde menos de la mitad de los solicitantes logran su objetivo. En El Salvador, 328 ciudadanos han intentado acceder al pasaporte español por esta vía y solo cinco (apenas el 1,5%) lo han logrado. En Bolivia, solamente el 14% y en República Dominicana, uno de cada tres. Los tres principales países por número de expedientes, México, Venezuela y Colombia, están en torno al 50% de éxito.

“Es cierto que ha habido mucho fraude, pero no es motivo para el actual cierre de puertas”, opina Elías Bendahán, otro abogado especialista en tramitación de nacionalidad española y portuguesa para sefardíes, español pero residente en Haifa.

Sacan la lupa y empieza el drama

Para afrontar el tremendo atasco de resoluciones —no solo por la vía sefardí—, el ministerio que dirige Pilar Llop aportó recursos a la Subdirección General de Nacionalidad que dispuso un ambicioso plan de choque: entre marzo y noviembre de este año, 166 funcionarios se pusieron manos a la obra para sacar adelante miles de expedientes.

En términos generales, la audaz iniciativa ha tenido un resultado excelente. De los 87.290 expedientes que se pretendía revisar y conceder, se acabaron resolviendo 163.946 finalmente. Lo mismo sucedió con otras partidas de revisiones y subsanaciones. Sin embargo, este plan tuvo un enorme punto negro.

De los 111.292 expedientes de sefardíes inicialmente presupuestados, solo se han acabado resolviendo el 8,55% o, dicho de otro modo, apenas 9.517. Fuentes ministeriales achacan este discreto porcentaje a que, “debido a las limitaciones de movilidad como consecuencia de la pandemia, muchos solicitantes de origen sefardí no han podido viajar a España para finalizar la tramitación de su expediente”.

Michael Black, sefardí residente en Londres cuya familia recaló en los Países Bajos durante unos 100 años tras ser expulsada de España. (EFE)

El abogado de Cohen&Cohen admite que “sí, hay miles de personas que aún no han podido viajar a España para terminar de tramitar el expediente”, pero añade otro factor: “Lo relevante en este momento es que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública”, el órgano responsable de la tramitación de estos expedientes, “ha bloqueado sin previo aviso miles de solicitudes que estaban pendientes de ser tramitadas”, acusa José Cohen. “No hablo de denegaciones, que es otra historia, sino de solicitudes que cumplen con todos los requisitos y que no pueden culminarse por el bloqueo masivo de la plataforma el pasado 16 de septiembre”.

Cuando el plazo para optar a la nacionalidad se cerró definitivamente, un total de 153.774 solicitudes de sefardíes (o presuntos sefardíes) llegaron a manos del Consejo General del Notariado, el primer órgano encargado de filtrarlas. Este número no ha cambiado en el último año y medio, por lo que habría que tildarlo ya de permanente. Desde aquí, los notarios van filtrando aquellos expedientes con todo en orden al siguiente órgano, la Dirección General de Seguridad Jurídica presidida por Sofía Puente, hermana del alcalde de Valladolid y blanco de las críticas de notarios y abogados. Los últimos datos disponibles, de septiembre de 2021, señalaban que solo 70.323 solicitudes habían llegado a manos de la DGSJFP, en un goteo continuo de unos pocos centenares cada mes.

De estas, se han estudiado el 60% y se han concedido favorablemente 38.155. Incluso al ritmo acelerado del plan de choque, aún se tardarían otros dos o tres años en resolver todos los expedientes. Es previsible también que el número de denegaciones siga aumentando. Aunque la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha tratado de templar los ánimos respecto a esto, otros actores no se lo han tomado con tanto temple.

Del ‘New York Times’ al Congreso

Uno de los motivos por los que aparentemente se están denegando solicitudes es por presentar certificados sefardíes de una federación judía ajena al país de origen o residencia del solicitante. La FCJE ha emitido para todo este proceso “alrededor de 93.000 certificados desde el 1 de octubre de 2015 hasta la fecha”, según explica su portavoz a este periódico. Pero no es el único admisible. La ley da la posibilidad de aportar diferentes medios probatorios para demostrar la condición sefardí —desde el conocimiento del idioma ladino o haquitía hasta la realización de actividades benéficas en apoyo de la cultura sefardí— y no es obligatorio cumplirlos todos, aunque esta acreditación debe ser sólida.

Por ejemplo, una de las organizaciones más activas contra el Gobierno español es la Federación Judía de Nuevo México (EEUU), que ha emitido más de 20.000 certificados pese a que de Estados Unidos, en total, solo han salido 2.700 solicitudes de nacionalidad rumbo a España, entre ellas la de Fernando Báez.

“El certificado me lo hicieron en una federación estadounidense y también los tengo de otras instituciones, pero no de la FCJE”, explica el dominicano. “La FCJE solo facilita certificados a quienes ellos quieran. Y al parecer solo otorgan certificados a los de México, venezolanos y algunos de Colombia”, justifica.

En otros casos, ha habido gente que ha presentado, en lugar de un certificado, un informe genealógico sin documentar o un informe motivado de los apellidos. Al principio, muchos pudieron acceder así al pasaporte español, pero un mayor escrutinio ha elevado el número de rechazos. Para muchos abogados o notarios, esto supone ‘de facto’ un cambio en las reglas del juego. Tras conocer el elevado número de rechazos publicado en junio de este año, muchos se organizaron para protestar y su letanía llegó hasta el ‘New York Times’: “España prometió la ciudadanía a los judíos sefardíes. Ahora se sienten traicionados”.

La Federación Judía de Nuevo México fue más allá y logró elevar su queja a través del congresista estatal Ben Ray Luján para que él y otros ocho representantes demócratas en el Congreso de los Estados Unidos escribieran una carta a Pedro Sánchez el pasado 6 de octubre protestando por los cambios en la ley que estaban dejando sin la nacionalidad española a tantos judíos sefardíes. “Aplicantes de todo el mundo siguieron las normas que España requería solo para ver que las reglas han cambiado después de que todos sus documentos han sido verificados y enviados”, escribieron. Muchos despachos de abogados españoles expertos en extranjería están también aferrándose a esto para justificar retrasos y denegaciones de los expedientes de sus clientes, que en algunos casos se cuentan por miles.

Carta remitida al presidente del Gobierno por varios congresistas demócratas. (EC)

Para la Federación de Comunidades Judías de España, las reglas del juego no han cambiado. “Durante todo el tiempo que hemos trabajado en la tramitación de certificados de origen sefardí, el proceso ha sido riguroso y de acuerdo a la ley”, explican. “Nos consta que el ministerio ha organizado su estructura para aumentar la capacidad de respuesta en relación a los expedientes aún pendientes de resolver y en todo momento su actuación ha sido rigurosa y profesional“.

Bendahán coincide en que no ha habido cambios, aunque sospecha de un sesgo político: “Este Gobierno no hizo la ley y les viene muy pesado continuarla, están deseando terminar y eso hace que tomen decisiones negativas”, explica. “A los sefardíes no les están otorgando la nacionalidad, sino ‘devolviéndoles’ lo que les robaron”.

Comienzan los recursos

El plazo para estos aspirantes a españoles de pleno derecho se cerró hace casi dos años, pero la historia está lejos de concluir. David Arevalillo, socio del despacho madrileño A&A Estudio Jurídico dice que los recursos a estas denegaciones ocupan ahora el 95% de su tiempo como abogado. “Las nacionalizaciones que se están resolviendo ahora, a favor o en contra, son todavía de 2019, llevan un retraso enorme”, indica.

Al abrir tanto la mano para otorgar la nacionalidad a miles de solicitantes, muchos de ellos con credenciales cuestionables como sefardíes, el Gobierno estableció un precedente que ahora estos despachos y bufetes tratan de explotar. “Al final supone un cambio en el criterio”, dice Arevalillo, “ahora si te presentas con una certificación de la Asociación Israelí de Venezuela te piden genealogía cuando antes a nadie se le había pedido y eso no aparecía en ningún sitio y, es más, si consigues el certificado de la FCJE ya no necesitas nada más”.

El defensor del pueblo no quiere dar datos sobre los que han obtenido el “pasaporte sefardí”

Este certificado es, para el abogado, el ‘golden ticket‘ que garantiza un éxito en el proceso. Por eso, muchos trataron de obtenerlo ‘a posteriori’ para enmendar sus solicitudes. El problema para ellos es que la federación española dejó de emitir estos certificados el pasado 31 de julio.

Actualmente, los bufetes están siguiendo dos tipos de plan para que sus recursos prosperen: el plan A viene a decir ‘no me pueden denegar esta solicitud cuando antes han aprobado miles con un grado de documentación similar’. Arevalillo está tratando de obtener a través de Transparencia y del defensor del pueblo cuántas exactamente de esas 20.900 solicitudes concedidas hasta 2020 lo lograron sin el famoso certificado de la FCJE, pero ni Justicia ni Ángel Gabilondo parecen dispuestos a complacer su ansia de conocimiento.

El plan A no está prosperando, ya que, si la Administración omite su respuesta a ese recurso de alzada, acaba siendo denegado por silencio administrativo. El plan B es más tedioso y más caro: consiste en ir aportando más documentación genealógica o certificados al expediente hasta que la Administración ceda y dé la luz verde. En un primer momento, se aceptaron aquellos recursos que incorporaban el certificado de la federación española, pero actualmente ni por esas.

“Desde que acabó el plan de choque no hay respuesta”, indica Arevalillo, “estamos llegando a situaciones absurdas, llevo a una familia de cinco miembros, en la que a tres les han dado la nacionalidad, pero a los otros dos no les han dicho nada; otra familia con cuatro miembros igual, dos favorables y dos sin noticias”.

“No se requiere conocimiento del portugués. No hay que tener una relación especial con Portugal”

Algunos despachos han optado incluso por reorientar las solicitudes para pedir el pasaporte portugués en lugar del español. Portugal inició un proceso similar al impulsado por Ruiz-Gallardón. Tras el Edicto de Granada, muchos sefardíes buscaron refugio en Portugal, hasta que el rey Manuel I ordenó en 1496 la expulsión de los ‘marranos’, como se llamaba a aquellos judíos conversos que en privado seguían profesando su credo.

El despacho Larrauri y Martí ofrece estos servicios señalando las diferencias entre la ley portuguesa y la española: “No se requiere conocimiento del portugués. No hay que tener una relación especial con Portugal. No hay que hacer exámenes o test de conocimiento. No hay que mudarse en ningún punto del proceso. La ley portuguesa está actualmente en vigor de forma indefinida“.

Un atajo hacia el pasaporte europeo que no está pasando desapercibido en las comunidades de migrantes y expatriados de toda condición. En abril de este año, el multimillonario ruso Román Abramóvich, dueño del Chelsea, se naturalizó portugués por la vía sefardí. Una investigación del diario luso ‘Publico’ mostró que la página de Wikipedia dedicada al magnate —quien ya se había nacionalizado previamente israelí— fue editada para ser utilizada como una de las fuentes para probar sus raíces sefardíes. La Comunidad Judía de Oporto ha insistido en que el proceso de certificación “del ciudadano lituano, portugués, israelí y ruso” fue legítimo y su documentación “cumplía todos los criterios legales”. Pero eso no ha evitado que algunos hayan criticado el movimiento como una mera forma de esquivar sus problemas migratorios en Reino Unido, donde no renovaban desde 2018 la visa de trabajo con la que operaba. Y, de paso, obtener otros beneficios adicionales.

“Enhorabuena, Román Abramóvich“, escribía el inversor y activista político Bill Browder en su cuente de Twitter. “Después de que su visa dorada en Reino Unido no fuera renovada, se le ha concedido la nacionalidad portuguesa por sus profundas raíces judío-sefardíes. Esto hará mucho más difícil que se le puedan aplicar sanciones de la UE en el futuro”, agregó.

* Lucas Proto Martínez contribuyó a este artículo.

Source Link La gran chapuza del pasaporte sefardí: una reparación histórica que ha salido regulinchi